La evolución de la web y la necesidad de relacionar contratos han dado lugar a los Smart Contracts o contratos inteligentes, que emergen como una solución a los desafíos de las interacciones en línea ofreciendo rapidez y automatización en las transacciones comerciales, sin embargo, estos requieren un análisis de su validez legal en la práctica.
Integrados en la tecnología Blockchain, los Smart Contracts operan mediante algoritmos que ejecutan acciones una vez se cumplen ciertas condiciones, facilitando así el cumplimiento efectivo y la agilidad en los negocios, especialmente en plataformas de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
Para que los Smart Contracts tengan efectos jurídicos, deben cumplir con el principio de equivalencia funcional establecido en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Este principio asegura que la instrumentación electrónica es equivalente a la escrita, y exige requisitos como la autenticidad mediante firma digital, la no alteración de la información y la conservación de registros. Así, el mensaje de datos, que incluye información generada y comunicada por medios electrónicos, plantea interrogantes sobre si el código autoejecutable puede considerarse adecuadamente como tal en el contexto jurídico de un contrato, lo que resalta la necesidad de un análisis profundo de su aplicación práctica; para que estos contratos sean válidos, es necesario un análisis de la Ley Modelo de la CNUDMI, asegurando su validez en un contexto legal.
En definitiva, los contratos inteligentes enfrentan el problema de errores en su creación, que son irreversibles debido a su automatización, lo que genera riesgos de ciberseguridad. Actualmente, no existe una solución jurídica eficaz para abordar estos errores, lo que podría complicar temas de propiedad intelectual y seguridad jurídica. Aunque tienen el potencial de reflejar el principio de equivalencia funcional de documentos electrónicos, los vacíos en la normativa y la imposibilidad de realizar acciones reversibles plantean desafíos significativos para la regulación del comercio electrónico en un entorno tecnológico en constante cambio.
